La corrupción en Colombia

Estudio global


Ariel Isaías Arteaga Díaz ejerció en 25 oportunidades como gobernador encargado del departamento.

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La Corte lo condenó por siete delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, 15 de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 38 de falsedad ideológica en documento público y 24 de falsedad material en documento público agravadas. Y le impuso una multa de $6.677 millones y lo condenó a pagar otros $43.346 millones al departamento por daños y perjuicios.

En este proceso se cuestionaron 15 convenios de obra firmados en 2007 sin proceso de licitación o concurso público, sin acreditación de las calidades del contratista, sin planeación ni estudios previos o publicación de pliegos de condiciones, entre otras irregularidades.


Entre los convenios cuestionados hay uno por $8.370 millones firmado con la Asociación de Municipios de San Jorge para proyectos de inversión, así como una adición al mismo por $4.000 millones. Según el expediente, “descontando el porcentaje de las obras realmente ejecutadas, en razón del convenio principal el contratista se benefició en forma ilegal de $ 7.681.028.695, en tanto que con el Adicional 1 lo hizo por $ 3.614.299.0342.

Con dicha Asociación se firmó otro más por “valor de $227.755.953, suma ésta de la que en su totalidad dispuso en forma indebida el contratista” y otro en noviembre de 2007 por $1.564 millones para “la ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado, construcción y adecuación de 7 aulas y una batería sanitaria, para lo cual, en forma indebida, el gobernador dispuso que el contratista se hiciera a $529.418.340”.

Igualmente, se cuestionaron contratos para suministro de textos escolares, textos para formación docente, textos de psicología, para la compra de kits escolares, entre otros. La Corte encontró que en varios casos los contratos no se ejecutaron y que como gobernador encargado, Arteaga Díaz firmó algunos sin verificar sus requisitos y sin consultar condiciones y precios del mercado.

Además, la Corte encontró que el gobernador encargado realizó “fraccionamiento del objeto contractual, lo cual, además de las irregularidades ya detalladas, estructura un motivo adicional de ilegalidad en el proceso contractual, pues es claro que se buscaba, y se logró, eludir formas más transparentes de contratación como la licitación o el concurso público”.

“El análisis realizado muestra que, en verdad, hubo connivencia entre el ex gobernador encargado y los servidores que fingieron los trámites para dar apariencia de legalidad a un proceso contractual espurio, resultando necesario el aporte de Arteaga Díaz, quien, en aras de beneficiar a los mentirosos contratistas, obvió su deber de verificar que se cumplieran los requisitos de ley », dijo la Corte.

Según el alto tribunal, así lo hizo Arteaga Díaz « cuando, por vía de ejemplo, suscribió de manera simultánea muchos contratos por un mismo objeto, varios de ellos a una misma persona, lo que ponía en evidencia que se infringía la ley para beneficiar a esos terceros y para habilitarles el pago respectivo”.

La Sala de Primera Instancia señaló que Arteaga Díaz tenía el deber, como ordenador del gasto, “de exigir documentos que certificaran la entrega de los textos y el cumplimiento de los contratistas, a sabiendas de que los bienes no se entregaban, de tal manera que, de necesidad, admitió la adulteración de la verdad, de aparentar documentalmente la satisfacción de los contratos, de donde se colige acertada la imputación de las falsedades a título de coautoría”.


Campeón de natación denuncia amenazas y quiere irse del país

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CALI 26 de abril 2021, 08:02 A. M.

El nadador Agudelo, conocido como Jorge Iván del Valle, se queja de no haber podido elevar su denuncia en forma presencial y considera que está en riesgo.

Es campeón suramericano y abrió su debate cuando en los Juegos Nacionales de 2019 sacó una pancarta a favor de un paro nacional y contra la corrupción de la dirigencia nacional.
Durante el pasado fin de semana el nadador, de 29 años, escribió en redes sociales ‘necesito irme de Colombia‘.

En otra comunicación afirmó que había sido objeto de ataques físicos y que le amenazaban a él y a su familia.

« Hoy no fue un buen día, hoy me golpearon, me amenazaron de muerte, amenazaron a mi mamá y que sí la veían en la calle ‘la levantaban a golpes’ Estoy bien, pero la tranquilidad no es la misma. « , escribió Jorge Iván del Valle y cita a la Fiscalía para que se active en el caso.

En los mensajes se revela el nombre de quien sería la persona que lo amenaza y agrede. El deportista se queja porque « en la ciudad de Tuluá no están recibiendo las denuncias presenciales, esto es grave ya que mi vida y la de mi familia corren peligro ».

Jorger Iván del Valle, diseñador gráfico, ha ganado cuatro medallas de oro en el Suramericanio Máster de Natación y ha competido por Colombia en el Campeonato Panamericano Máster de Natación, en Miami (2018), y en el Fina World Masters Championships, en Corea del Sur (2019).

Con su abuela Rosita creó la fundación ‘El taller de Rosita’, que diseña manillas, tapetes y cojines para costear sus actividades deportivas y de la familia.

En la región lo reconocen por su participación en tareas sociales, educativas y ambientales. Apoya a niños deportistas y durante la pandemia ha participado en tareas de ayuda a personas en condición vulnerable en Tuluá.

En noviembre de 2019, en los Juegos Nacionales, sacó una pancarta en la que ofrecía su apoyo al paro nacional y cuestionaba la corrupción. A ello atribuye que le hayan retirado patrocinadores.


El antro de la Corrupción

El Espectador, 18 mars 2021, Por: Ariel Ávila

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Es el tercer informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Esta entidad del orden nacional ha sido la encargada de canalizar mayoritariamente los gastos para la pandemia del nuevo coronavirus. También ha estado en medio del debate por múltiples denuncias de presuntos casos de corrupción. Al menos, hay cuatro tipos de denuncias. Por un lado, denuncias sobre sobrecostos en los kits de alimentos que se contrataron en 2020. En segundo lugar, denuncias sobre los contratistas o los privados con los cuales firmó la UNGRD. Muchos de ellos no cumplían requisitos, no tenían idoneidad o están envueltos en graves procesos judiciales, pero aun así firmaron. En tercer lugar, procesos de ocultamiento de información. Incluso, llegaron a cambiar manuales de funciones para justificar que la contratación se rige bajo el derecho privado, el objetivo era saltarse las normas de contratación. Un cuarto cuestionamiento es que la UNGRD se ha convertido en un banco burocrático de personalidades políticas.

Sobre esto último, dice el informe que el 72% de los contratos revisados tienen cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tiene que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Ángulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Pares también resalta que estos contratos cuestionados concentran el 89% de los recursos destinados para estos objetos realizados. Vean la siguiente gráfica:

Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570’619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre cinco y diecisiete millones de pesos mensuales a personal profesional en derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos.

En este objeto de estudio, Pares encuentra serios indicios de que el Gobierno nacional habría favorecido presuntamente a políticos cercanos al uribismo. Un ejemplo para resaltar es el de Luis Guillermo Plata, exministro de Industria y Comercio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien llevó a trabajar a la Subcuenta COVID a su exviceministra Claudia Ramírez, quien firmó un contrato por 7 meses con un valor total de $107’607.228. También, hay contratos con excontratistas de la Secretaría de Seguridad de Cali en el tiempo que estuvo a cargo de Andrés Villamizar, reconocido por su labor en la Fundación Azul, que le hizo proselitismo político a Peñalosa en Bogotá. Villamizar y otra contratista consiguieron $183’108.372.

En esta misma línea, de los contratos evaluados se logra establecer que varios de los contratistas encargados del manejo de la pandemia trabajaron previamente en la administración del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño: excontratistas durante su administración en el Jardín Botánico, la Secretaría de Hábitat y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado terminaron trabajando en la subcuenta COVID-19. En este grupo de contratistas, concentran un monto de contratación por $707’113.828, con ocho contratos de personas que trabajaron para la administración de Peñalosa entre 2015 y 2019 o que tienen relación con él

En este informe se identifica que el gobierno de Iván Duque contrató también a personas con vínculos políticos con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019 Miguel Uribe Turbay, a quien el expresidente Álvaro Uribe le ofreció ser cabeza de lista al Senado de la República en 2022 por el Centro Democrático[1]. La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez, y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona y Cristian Francisco Pulido Acuña tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por Los Danieles[2], y por otros mensajes difundidos en redes sociales por el medio Cuestión Pública[3].

Pares también identificó que la empresa de una exreina del Valle del Cauca ha resultado beneficiaria con más de $9.000’000.000 para la compra de tapabocas. En ese sentido, también se logró establecer que dos empresas que tienen contratos con la subcuenta COVID-19 tienen hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y la General de la República. El primero, en un contrato con el Instituto para la Economía Social (IPES), en el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015); el segundo, con la Gobernación de Caquetá.


Alerta por poco avance en cambios estructurales contra la corrupción

2 déc. 2020 – 4:30 p. m.Por: Redacción Política

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En su análisis, Transparencia por Colombia encontró que si bien hay nuevas leyes para hacerle zancadilla a la corrupción, todavía el Gobierno y los políticos no tocan los temas gruesos como lo es la reforma política y la financiación de campañas y partidos.

Compensar recibió recientemente el “Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Anticorrupción” otorgado por Pacto Global Red Colombia y Alliance For Integrity, una iniciativa gestada por primera vez en el país. 

En un nuevo informe, Transparencia por Colombia alerta que el gobierno del presidente Iván Duque aún tiene tareas pendientes para realizar verdaderos cambios de fondo contra la corrupción. En el documento Segundo Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción, la organización analizó 102 acciones realizadas por el Gobierno entre agosto de 2019 y ese mismo mes en 2020.

Expresó que si bien hay avances en medidas de carácter técnico, como la creación de ciertas leyes que le hacen zancadilla a los ladrones del erario público, hay un estancamiento a la hora de tratar los problemas estructurales.

Sobre las mejoras que ha impulsado esta administración, Transparencia por Colombia se refirió a varias leyes, como la 2014 del 30 diciembre, que prohíbe la casa por cárcel para los corruptos, o la 2013 de ese mismo año, que obliga a los funcionarios públicos a publicar sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses, o la 2022 de 2020, que recoge adopción de pliegos tipo para la contratación pública. Todas estas originadas en la Consulta Anticorrupción realizada en 2018.

Así mismo, consideró como un hecho positivo la puesta en marcha del aplicativo de Control Ciudadano COVID-19 y la creación del Instrumento de Agregración Demanda Emergencia COVID-19, herramientas para visibilizar la contratación pública durante la crisis por la pandemia, y la implementación de la Red Institucional Anticorrupción (RITA), orientada a impulsar las denuncias sobre actos corruptos en las entidades del Estado.

Sin embargo, indicó que Duque todavía no le pone la lupa a temas de envergadura, como lo son una necesaria reforma política y la forma en que partidos y campañas electorales se financian. A ello, el organismo añadió que tampoco se están tratando los ataques al derecho a la vida, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y la participación ciudadana, indispensables en la democracia y a la hora de ejercer control sobre el poder político.

Para Transparencia por Colombia, el informe demuestra que la corrupción siguió siendo un tema transversal en ese período de análisis, un momento marcado por la protesta social y la atención a la emergencia sanitaria.

 “Por un lado, [está] la falta de avances luego de la Consulta Anticorrupción, que fue uno de los temas que motivó la movilización ciudadana del Paro Nacional de noviembre de 2019 y dio paso a la Conversación Nacional; y por otro, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo”, calificó la organización, que en en varias ocasiones ha reiterado el peligro que representa el acaparamiento del poder por parte del presidente y su equipo.

Andrés Hernández, director ejecutivo del organismo, puntualizó que 2020 ha sido un año difícil, agravado por los casos de corrupción. “En este escenario, las medidas técnicas son importantes porque contribuyen mejorar las herramientas para enfrentar la corrupción, aunque no son suficientes”, expuso.

“Resulta necesario abordar de manera más decidida reformas de fondo, varias de las cuales se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguir fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo para prevenir y actuar contra la corrupción, en pleno respeto de la independencia y separación de poderes”, agregó Hernández.

Según el informe, solo el 34 % de las acciones realizadas por el Ejecutivo “corresponden a iniciativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo”, y demuestra que es imprescindible que las instancias del Gobierno se articulen entre sí pues “las 102 acciones analizadas involucraron un alto número de dependencias, pero no estuvieron acompañadas de mejoras sustanciales en los mecanismos de coordinación”, comunicó Transparencia por Colombia.

Suplemento informativo:

Estos son algunos de los pendientes que son urgentes a tratar, según la organización:

-Retomar y revisar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y culminar la elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacía un Estado Abierto.

– Retomar la iniciativa respecto a una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; y avanzar en la implementación de la Política Criminal Electoral.

– Presentar a la discusión pública el proyecto de nuevo Estatuto de la Contratación Pública anunciado en el marco de la Conversación Nacional, y reducir los regímenes especiales de contratación.

– Continuidad el fortalecimiento de la Agencia Nacional Contratación Colombia Compra Eficiente, y acelerar la consolidación de SECOP II.

– Continuar con el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el control sobre los conflictos de interés en el empleo público.

– Iniciar una apuesta transversal de transparencia presupuestaria estatal, a partir de la publicación de la información clara y completa sobre los recursos para la atención de la Emergencia COVID-19.

– Eliminar las restricciones impuestas por el Decreto 491 de 2020 al derecho de acceso a la información pública, con el fin de garantizar los tiempos de respuesta a solicitudes de información establecidos en la Ley 1712 de 2014.


La cruzada contra la corrupción en Colombia

Más de cuatro millones de firmas respaldan la propuesta para que se haga una consulta popular que fije sanciones a los corruptos

El País, SALLY PALOMINO Bogotá, 26 de Julio de 2017

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El mayor problema de Colombia no son las FARC sino la corrupción, decía hace tres meses en una universidad de Medellín Claudia López, senadora de la Alianza Verde y precandidata presidencial. Como si hubieran estado escondidas debajo de las noticias del conflicto que durante tantos años ocuparon los titulares de la prensa, las notas sobre los casos de corrupción en el país empiezan a aparecer cada vez con mayor frecuencia. El fiscal anticorrupción detenido por soborno, el desfalco al sistema de salud en varias regiones, el carrusel de la contratación, campañas políticas presidenciales y congresistas en la mira de la justicia por recibir dinero de Odebrecht. “A la corrupción no la vamos a derrotar con quejas, ni a Colombia la vamos a transformar con ilusiones, sino con votos y apoyando iniciativas de transparencia”, ha dicho la senadora López, que lidera una campaña para lograr un pacto contra los corruptos.

La idea ha sido respaldada por cuatro millones de ciudadanos que esperan que se convoque a una consulta para que los colombianos digan cómo se debe sancionar a los políticos y contratistas que hayan cometido un fraude con recursos públicos. Que la contratación no sea a dedo, eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos y reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado son algunas de las siete propuestas que se pondrán a consideración de los colombianos. Una vez llegue a las urnas, al menos 11 millones de persones deberán votar. Lo que decidan deberá ser cumplido por el Congreso, que tendrá que expedir como leyes lo que se pacte en la consulta.

El procurador general Fernando Carrillo ha sido otro de los que dicho que la ciudadanía está sorprendida por el crecimiento de la corrupción porque antes no la veía “debido al humo de la guerra”. Cada semana, una nueva revelación vuelve a generar indignación. El martes, la Fiscalía aseguró que las coimas de Odebrech en Colombia alcanzan los 27,7 millones dólares y anunció que algunos congresistas estarían involucrados. Se creía hasta ahora que la cifra llegaba a los 11 millones de dólares, pero las investigaciones han revelado que los sobornos fueron más de los que se creía.

A pocos meses de que empiece la campaña presidencial, la lucha contra la corrupción será una de las principales apuestas de los candidatos. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han anunciado que se unirán para atacar esas prácticas que por años han desangrado los recursos públicos. El gobierno ha hablado de medidas concretas para unirse a esa lucha. El presidente Juan Manuel Santos ha mencionado, por ejemplo, fortalecer el grupo anticorrupción de la Policía con cien nuevos funcionarios y establecer normas claras sobre el lobby o cabildeo. Las medidas fueron anunciadas en momentos en que el Consejo Nacional Electoral indaga las campañas presidenciales de Santos y abrió una investigación formal contra su opositor en 2014, Óscar Iván Zuluaga, porque supuestamente recibieron dinero de Odebrecht.

“Todos los políticos de Colombia que pasen por cargo de elección popular tendrán que rendir cuentas”, ha insistido en su discurso la senadora que encabeza este movimiento al que se han unido el exnegociador por el gobierno en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle. “La consulta tiene una potencialidad que pone a toda la sociedad a involucrarse en una lucha que tiene que tener un resultado en las urnas”, ha dicho De la Calle. En 45 días, cuando acaba el plazo para revisar las firmas, los colombianos sabrán si tendrán la oportunidad de decidir, por primera vez, cómo se debe afrontar la corrupción en el país, que cada día se sacude con nuevo escándalo.